La modernización digital del sector público en América Latina avanza a un ritmo sin precedentes, pero la estrategia de ciberseguridad que debería sostenerla no siempre crece al mismo paso. En este artículo analizamos esa brecha, con datos de la industria, y compartimos nuestra visión sobre cómo cerrarla.
La modernización del Estado no tiene vuelta atrás
Trámites 100% online, historia clínica digital, sistemas judiciales electrónicos, beneficios sociales gestionados desde una aplicación móvil. La transformación digital del sector público en América Latina avanzó, en los últimos años, más que en la década anterior completa.
Es una buena noticia para los ciudadanos: procesos más simples, menos tiempo perdido, más acceso. Pero en cada mesa de trabajo con profesionales del sector, foro de ciberseguridad o encuentro de gobierno digital en el que participamos, surge la misma pregunta de fondo: ¿la seguridad está avanzando al mismo ritmo que la modernización?
Los datos de la industria sugieren que, en general, todavía no.
El volumen de ataques en la región no deja de crecer
Según FortiGuard Labs, la unidad de inteligencia de amenazas de Fortinet, durante 2025 se registraron más de 2.700 ataques por semana en América Latina, con un foco creciente en Argentina. La región también acumuló un volumen histórico de intentos de ataque en el último año.
El problema no es exclusivo del sector privado. En entornos de infraestructura crítica —los que sostienen buena parte de los servicios digitales del Estado, desde redes eléctricas hasta sistemas de agua y transporte— un 75% de las organizaciones con entornos de tecnología operativa (OT) sufrió al menos una intrusión en el último año, de acuerdo al reporte de Fortinet sobre el estado de la ciberseguridad en entornos OT.
El costo de no detectarlo a tiempo también aumentó
Según el informe de IBM sobre el costo de las brechas de seguridad, el costo promedio global de un incidente alcanzó un récord histórico, y en América Latina el promedio regional se ubica en torno a los USD 2,5 millones por incidente.
Pero el costo económico no es el único problema. El tiempo también lo es: detectar y contener un incidente de seguridad puede tomar, en promedio, varios meses. Durante ese tiempo, un trámite público, un sistema de salud digital o una plataforma judicial puede estar comprometido sin que nadie lo note.
No es casual que el cibercrimen ya figure entre los principales riesgos globales de corto plazo, según el Foro Económico Mundial.
Por qué el sector público es un caso particular
En una empresa privada, un incidente de seguridad compromete información, operaciones o reputación. En un organismo público, compromete algo distinto: la relación entre el Estado y el ciudadano.
Cuando un sistema de gobierno digital falla, no es una empresa la que pierde disponibilidad temporal. Es un ciudadano que no puede sacar un turno médico, acceder a un beneficio social o completar un trámite judicial. La expectativa de que estos servicios funcionen “siempre y desde cualquier lugar” ya está instalada, y eso eleva la vara de lo que significa estar preparado.
La modernización avanza primero. La seguridad, después
Distintas investigaciones sobre transformación digital en el sector público, incluidas las de consultoras como McKinsey, coinciden en un patrón: los procesos de gobernanza, los equipos y los criterios de gestión de riesgo no siempre crecen al mismo ritmo que la ambición del proyecto tecnológico. La tecnología para modernizar avanza rápido. La estructura para protegerla, no siempre.
Esto no es un problema exclusivo de presupuesto o de herramientas disponibles. Es, sobre todo, un problema de gobernanza: de tener procesos claros, responsables definidos y una estrategia de gestión continua del riesgo que acompañe cada nuevo servicio digital que se lanza.
Nuestra lectura desde eMozart
En los espacios donde participamos —mesas de trabajo con profesionales del sector, foros de ciberseguridad, encuentros de gobierno digital— sostenemos siempre la misma idea: la pregunta correcta no es “qué tan digital es este organismo”, sino qué tan preparado está para seguir funcionando el día que algo falle.
La ciberseguridad en el sector público no se resuelve comprando más herramientas. Se resuelve con gestión continua, gobernanza clara y un criterio experto que acompañe la velocidad de la modernización, sin frenarla y sin llegar después de que el riesgo ya se materializó. Es, en definitiva, la misma idea que sostenemos para cualquier organización que gestionamos: la ciberseguridad no es un problema de IT. Es una decisión de negocio —o, en este caso, una decisión de gestión pública.
La reflexión que nos deja
La transformación digital del Estado no tiene vuelta atrás, y eso es positivo para la región. Pero cada nuevo servicio digital que se lanza sin una estrategia de seguridad que lo sostenga es, en los hechos, una apuesta.
La pregunta que le dejamos a cualquier funcionario, proveedor tecnológico o profesional que trabaje en la modernización del sector público es simple:
¿Trabajás en la modernización tecnológica de un organismo público?
En eMozart ayudamos a organizaciones del sector público y privado a alinear la velocidad de su transformación digital con una estrategia de ciberseguridad real, continua y gestionada. Si tu organización está avanzando en su agenda de gobierno digital, conversemos sobre cómo sostenerla con la seguridad que necesita.
Fuentes: FortiGuard Labs (Fortinet), IBM Cost of a Data Breach Report, Fortinet State of Operational Technology and Cybersecurity Report, Foro Económico Mundial (WEF Global Risks Report), McKinsey & Company. Cifras sujetas a verificación contra el reporte original antes de su cita definitiva en material publicado.
